En el ámbito inmobiliario y judicial, no es extraño encontrar alquileres simulados: contratos ficticios que buscan dificultar procesos como los desahucios o ejecuciones hipotecarias. Estos acuerdos, firmados de manera fraudulenta, pretenden aparentar que un inmueble está alquilado o tiene ocupantes, cuando en realidad la finalidad es obstaculizar la recuperación del bien.
¿Qué son los alquileres simulados?
Un alquiler simulado es aquel contrato que no responde a una verdadera relación arrendaticia, sino que se utiliza como herramienta para alterar la realidad jurídica de un inmueble. Suelen emplearse para retrasar o evitar el desalojo de una vivienda en procedimientos judiciales.
El Tribunal Supremo, en la Sentencia 539/2016 de 17 de junio, reconoció que este tipo de prácticas constituyen un fraude de ley y no pueden ser amparadas por el ordenamiento jurídico.
El papel del detective privado
Para acreditar la falsedad de estos contratos, es habitual recurrir a un detective privado. Su trabajo consiste en comprobar de forma objetiva si realmente el inmueble está habitado o si existe una verdadera relación arrendaticia. Mediante seguimientos, entrevistas vecinales y recogida de pruebas documentales, los detectives pueden demostrar ante el juez la inexistencia de inquilinos reales.
¿Por qué es importante detectarlos?
Los alquileres simulados no solo afectan a los propietarios, sino que también generan inseguridad jurídica y costes innecesarios en procesos judiciales. Detectarlos a tiempo permite agilizar los trámites, evitar fraudes y proteger el legítimo derecho de propiedad.
Si sospechas que un contrato de arrendamiento puede ser ficticio, contar con la ayuda de un detective privado especializado en investigación inmobiliaria puede marcar la diferencia en el resultado de un procedimiento judicial.
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